Iniciar una guerra es la decisión de mayor crueldad humanitaria y de impacto socio-ambiental que se conoce en la historia de la humanidad. Produce ecocidios, genocidios y etnocidios ya que se concentran, en poco tiempo, inconmensurables formas de destrucción masiva, simultánea y permanente.
Desde la perspectiva socioambiental, la guerra genera contaminación y pérdida irreversible y masiva de ecosistemas completos. Además, provoca emisiones inconmensurables de gases de efecto invernadero debido al elevado consumo de combustibles fósiles, poniendo en riesgo la disponibilidad de recursos naturales indispensables para el desarrollo de la vida, tanto en el presente como para las generaciones futuras. La industria armamentística representa una de las actividades humanas con mayor demanda de explotación de bienes naturales comunes, sustentada en la producción hidrocarburífera, la minería y el uso intensivo del agua dulce.
En un conflicto bélico, los bombardeos se planifican con el cruento objetivo de destrucción masiva de recursos estratégicos como centrales nucleares y eléctricas, oleoductos, refinerías y represas. Estas acciones también liberan enormes cantidades de contaminantes a la atmósfera y provocan derrames e incendios de gran magnitud, generando impactos ambientales y sociales de largo alcance e irremediables.
Los efectos de una guerra se prolongan durante décadas, e incluso siglos. Los pasivos ambientales se traducen en grandes extensiones de campos minados que quedan convertidas en tierras improductivas; la acumulación de municiones que liberan grandes cantidades de metales pesados y gases tóxicos a la atmosfera, suelos, aguas superficiales y subterráneas y en algunos casos, grandes regiones expuestas a riesgos radiactivos.
Durante la guerra, los controles ambientales desaparecen por completo. Hasta el momento, la gestión ambiental no ha alcanzado la capacidad ni la tecnología suficiente para una gestión eficaz de los enormes volúmenes de residuos producidos, ni para la protección de áreas naturales estratégicas y de alto valor ecológico, ni para remediar a corto y mediano plazo la enorme cantidad de pasivos ambientales; los mecanismos de control y protección ambiental no solo desaparecen son desplazados deliberadamente por prioridades militares que relegan la vida y los territorios a un segundo plano. La gestión ambiental, ya debilitada en tiempos de paz, queda completamente desbordada frente a los volúmenes de residuos tóxicos, la destrucción de infraestructura y la contaminación que generan los conflictos armados. No existe hoy capacidad institucional ni tecnológica capaz de resguardar áreas naturales estratégicas ni de responder, en el corto o mediano plazo, a la enorme acumulación de pasivos ambientales que dejan estas guerras.
Esta situación es el resultado de decisiones políticas que aceptan como “daño colateral” la devastación de ecosistemas enteros. Mientras los Estados discuten responsabilidades, los territorios afectados quedan desbastados comprometiendo el bienestar de generaciones enteras.
El impacto ambiental de la guerra suele quedar relegado en el debate público, pero sus consecuencias ecológicas son tan profundas que superan ampliamente la capacidad de regeneración de los ecosistemas afectados. La destrucción de suelos, bosques, fuentes de agua, biodiversidad y atmósfera no es un daño colateral: es un proceso sistemático y duradero que altera de manera irreversible la vida de los ecosistemas. El concepto de ecocidio recién comienza a instalarse en la agenda internacional como un concepto jurídico y ético que busca, todavía sin éxito, ser reconocido como crimen global ya que implica una violación grave del derecho fundamental a un ambiente sano.
Frente a la devastación humana y ambiental que dejan los conflictos armados, nuestra posición es inequívoca: no a la guerra.
Ing. María Josefina Gil – Secretaria de Ambiente, Buen Vivir y Desarrollo Sustentable